La serie de reportajes que viene realizando el programa N Investiga con investigaciones de títulos falsos en medicina, esta vez llegó a extranjeros que residen en el país y también se dedican a la tarea de falsificar títulos para atender a pacientes.
Se trata de Karla María Moya Boada, venezolana, quien junto a Ignacio Olivares González, figura en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) como propietaria de la oficina Ki Centro Médico Integral del Caribe, ubicada en Avenida Independencia, registrada en febrero de 2011 ., con el objeto social de «servicios médicos estéticos, faciales y corporales».
Este centro no cuenta con registro mercantil y no se encuentra inscrito en la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, esto no es lo más grave. En su perfil de Instagram se identifica como “especialista en eliminación de biopolímeros faciales, endolifting, armonización facial e incluso ofrece citas ginecológicas con servicios que van desde rejuvenecimiento con láser, estética íntima, relleno de labios hasta aumento de punto G”. Otro de los servicios que presta es el de Laserlipólisis.
La presidenta de la Sociedad de Medicina Estética, Nathalie Díaz Lazala, explicó que el procedimiento de lipólisis láser es una liposucción asistida por láser y eso escapa a lo que realiza un médico estético, “porque nuevamente hacemos procedimientos mínimamente invasivos y ya estamos hablando de un procedimiento invasivo. Entonces, ese es un procedimiento que ofrecen los cirujanos plásticos, reconstructivos y estéticos”.
En otras palabras, la laserlipólisis es otra forma de llamar a la liposucción sin que parezca tan agresiva. Una táctica muy similar a la utilizada por Pamela Stefani y Serena Stefani Congedo, propietarias del Stefani Stetic Center, quienes usaron el término “Hidrolipoclasia Aspiracional” para referirse a la liposucción y fueron acusadas en 2017 de realizar cirugías invasivas sin ningún conocimiento, lo que han causado graves secuelas físicas y psíquicas en decenas de mujeres, por lo que fueron puestas a disposición judicial y cumplieron prisión preventiva hasta que en 2018 llegaron a un acuerdo con las denunciantes.
En este caso que nos ocupa, vemos como en sus redes sociales solo muestran el uso de la luz láser, que es la primera etapa del proceso. Luego sigue la introducción de la cánula. Según las imágenes del antes y el después que muestra en sus redes sociales, se evidencia la extracción de hasta más de mil mililitros de grasa.
En este sentido, Díaz Lazala explicó que ante un resultado dramático se puede dar por hecho que ha habido succión de grasa.
Para comprobar lo anterior, el equipo de N Investiga envió a una infiltrada, cuyo peso es de 175 libras, a consultar con la supuesta doctora con fines de liposucción, y su respuesta fue la siguiente:
“Este es un procedimiento láser ambulatorio, que utiliza esta punta láser. Yo uso esta fibra láser cuando entra en contacto con el adipocito de la grasa, lo que hace es que emulsiona y licua para que quede terso. Luego lo retiramos con una cánula pequeña, no son las cánulas grandes de liposucción, es una cánula delgada”. Todo esto fue capturado en una cámara oculta.
Independientemente del tamaño de las cánulas, estos procedimientos solo deben ser realizados por cirujanos plásticos.
Las leyes son muy claras en cuanto a los requisitos para ejercer esta especialidad en el país: Debes ser egresado de medicina, un mínimo de dos años de formación en cirugía general y tres años de formación en cirugía plástica en una escuela nacional o extranjera que sea reconocido por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. En el caso de los extranjeros, deberán validar y revalidar sus títulos. Incluso tomar materias adicionales, en caso de que las autoridades lo consideren necesario.
En el caso de esta supuesta doctora, en las paredes de su consultorio exhibe un certificado de 2018 emitido por una casa comercial que establece que la supuesta profesional médica realizó un curso de técnicas de rejuvenecimiento facial cuyo marco curiosamente abarca la cantidad de horas que duró la capacitación. . También cuenta con otro certificado del vigésimo tercer Congreso de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica, realizado en Punta Cana, del 21 al 24 de septiembre de 2021, que la acredita como asistente de dicha actividad. Incluso tiene fotos de esta actividad en sus redes sociales.
Pero, ¿cuál es la garantía y probidad que tienen estos documentos?
El presidente de la Sociedad de Medicina Estética explicó que un diploma del citado congreso no avala absolutamente nada. “Sobre todo porque en muchas ocasiones no se pide título o acreditación como profesional para participar en eventos internacionales, donde muchos compran su plaza a través de agencias de viajes y no lo hacen a través de empresas especializadas”.
Curiosamente, un título que aparece en una foto donde no se enmarca en su oficina un posgrado de la Universidad Central de Venezuela en cirugía plástica reconstructiva.
Tampoco existe otro título al que tuvo acceso el equipo de N Investiga, que supuestamente también la acredita como médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, con fecha 20 de julio de 2008, aunque, curiosamente, no aparece en el libro de egresados de esa año. publicado por esa academia. Esto incluso lo confirma nuestro infiltrado al preguntarle sobre su formación.
“Soy un médico venezolano. Allí hice mi posgrado y todo. En la Universidad Central”, dijo Karla María Moya al infiltrado para realizar la investigación, a quien le recomendó “laserlipólisis” en abdomen, flaco, cintura y piernas, a un costo de 175 mil pesos, “en oferta”.
Además de los títulos, la licencia de habilitación de Salud Pública es otro documento ausente en las instalaciones.
Durante la visita de la infiltrada, le preguntaron dónde se realizaría la laserlipólisis, la respuesta fue que tenía una sala de procedimientos pero que no podía verla.
Resulta que el quirófano donde realiza los procedimientos no está autorizado por Salud Pública, ni siquiera para otros servicios más sencillos y menos invasivos.
Por si esto fuera poco, esta supuesta profesional no está registrada en el Colegio Médico Dominicano ni tiene exequátur.
Quizás esto y lo último explican por qué en las recetas usa el sello de la Dra. Yamile Genara Diplan Vásquez, cuyo exequátur es 256-16, cirujana general y cirujana laparoscópica. Y por si fuera poco, también falsifica su firma.
Se contactó con la titular del exequátur para saber si estaba al corriente de ello, y ella se negó rotundamente. “No, no, claro que no. El exequátur es algo personal. O sea, a alguien le pasa algo con mi exequátur, no, no. Tengo mi sello aquí conmigo”.
Dijo que el dueño de Ki Centro Médico Integral del Caribe era su compañero de trabajo en otro centro. Así explica que tuvo acceso a sus recetas y sellos para poder ejercer la medicina.
Al ser sorprendida por los periodistas Nuria Piera, la supuesta doctora, Karla María Moya, dijo que estudió en Venezuela y que su título estaba en el Mesyct.
Al contactar al MESCYT, indicaron que ella depositó un expediente con fotocopias de títulos en lugar de los certificados originales. Además, el logo del Ministerio de Educación Superior de Venezuela no era legible, entre otras anomalías que generaron dudas sobre la autenticidad de los documentos, por lo que solicitaron más requisitos, los cuales no fueron presentados, y el proceso quedó inactivo.
Esto demuestra que el MESCYT, ante cualquier solicitud de aprobación o revalidación, debe realizar una supervisión junto con Salud Pública para evitar que aquellas personas que no puedan demostrar su aval ejerzan una profesión, especialmente cuando se trata de la salud.
Parece que según los documentos presentados por N Investiga, está más cerca de ser abogada que médica o cirujana plástica. En un recurso de 2016 emitido por la Corte de Apelaciones Uno de Venezuela en el que se identifica a Karla María Moya Boada como abogada de uno de los imputados.
Entre conversaciones con la periodista Nuria Piera, Karla María Moya, no presentó ningún título, y finalmente se levantó de su asiento y salió de la entrevista.
Luego de la visita, ayer viernes, inspectores de la Dirección de Autorización de Salud Pública acudieron al cerro y ordenaron su clausura por violación a la Ley General de Salud 42-01.
En definitiva, si no pudo presentar sus títulos originales apostillados ante el MESCYT, con los sellos correspondientes, en cuatro años, no cabe duda de que se debe agregar un nuevo elemento al Plan Nacional de Verificación de Títulos: un vínculo entre el Ministerio Público , el MESCYT, Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano, para que, como en este caso donde se detectaron irregularidades en un intento de homologar títulos, se investiguen y se impida prestar servicios como médicos cuando no son médicos, cirujanos plásticos, mucho menos cirujanos reconstructivos.
